Ve sectores pretenden aprovechar crisis de los precios para crear incomodidadSANTO DOMINGO.- «Sectores oscuros» pretenden aprovechar la crisis de los precios para crear incomodidad, denunció Limber Cruz, ministro de Agricultura, quien anunció, sin embargo, que el Gobierno está tomando decisiones para reducir el impacto de la inflación. Cruz reconoció la incomodidad que pueden significar las alzas de precios para los consumidores, pero aseguró que en República Dominicana no ha ocurrido una escalada inflacionaria porque los agropecuarios se han mantenido produciendo, pese a la crisis. "No ha habido escasez en este país. Estamos concentrados en eso, no descansamos, y el presidente Luis Abinader es muy celoso de eso", dijo Cruz a Diario Libre. Y en ese sentido, informó que los centros de venta, desde los mercados municipales hasta los supermercados, están abarrotados de productos. "Creo que lo peor que puede pasar es la escasez, que no haya ningún producto, y eso sí es peligroso. Estamos muy lejos de una escasez", dijo Cruz. Explicó que la intervención del Gobierno a través de subsidios a productores agropecuarios «es muestra de que estamos atendiendo los problemas de abastecimiento». | |||
El complicado caso de Berkis: condenada a 30 años por video que llegó a Facebook
Cecilia Brazoban, madre de Berkis, cuida de su hijo mayor mientras ella guarda prisión. SD. Berkis Brazoban busca liberarse de la condena a 30 años de prisión que desde 2019 pesa sobre su vida. Cuando tenía 23 años, se grabó en un video que terminó difundiéndose en Facebook, en el que asfixiaba con una almohada a su bebé de 11 meses de nacida, quien no falleció. Era un simulacro –alega– para presionar al padre y que este cumpliera con la manutención. Ahora, la Suprema Corte de Justicia debe decidir su destino. "Si bien es cierto que una vez contextualizada la situación personal de la imputada, todo parece indicar que una condena a 30 años luce excesiva, también es cierto que es la pena establecida por la ley", analiza el abogado José Ricardo Taveras. "Técnicamente, hacer juicios de valor sobre la actuación de las juezas en sus ponderaciones, no resulta sostenible, toda vez que el hecho de que la niña no haya muerto no incide en la determinación del ilícito imputado". Fue en julio de 2018 cuando Brazoban grabó el video y se lo envió por WhatsApp a su expareja, Benerio Jean Brito, quien se encontraba en Haití. El Ministerio Público describe que en este se observa a la bebé acostada en una cama, boca arriba, llorando. Una persona con voz femenina toma una almohada y se la pone en la cara a la infante, presionándola, tratando de asfixiarla, cuyo llanto deja de oírse por momentos al tener la cara tapada. Mientras, a la mujer se le escucha decir: "¿Tú la estás viendo cómo está gritando? Mírala, sudadita. Chequea, que soy una dura". Entre pataleos de la bebé, se escucha a la voz femenina decir: "Tú me avisas si eso es lo que tú quieres: que la mate. Tú nada más tienes que mandarme un sí, para que tú veas cómo te la mato". En el video no se visualiza a quien graba, y solo se enfoca a la bebé en la cama. Terminó circulando en Facebook luego de que una hermana del padre lo publicara. La acción de Brazoban fue calificada como acto de tortura y barbarie en la sentencia que la condenó a 30 años de prisión, dictada el 11 de junio de 2019 por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, integrado por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Kelvys José Henríquez Rodríguez y Ariella Cedano Núñez. La misma fue ratificada el 16 de enero de 2020, por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, compuesta por los magistrados Karen Mejía Pérez, Juliana Morfa y Danilo Amador Quevedo. Está pendiente de que se conozca un recurso de casación presentado ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que busca la absolución de la mujer de una condena que sus defensores consideran desproporcionada. De las penas máximas La pena de 30 años de prisión impuesta a Brazoban es la máxima que contempla el Código Penal dominicano. La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo consideró que su acción "resultó ser un hecho realmente cruel y abusivo". "El papel de la pena, además de jugar un papel aleccionador en lo que respecta al imputado, contiene también un mensaje a la sociedad en lo que respecta a la indisposición del Estado de admitir sin sanción severa determinados hechos, que es en el marco que se manejó el tribunal al expresar que a partir de la gravedad de los hechos, es: 'la única medida para sancionar el mismo es aplicar el máximo de la sanción impuesta, pues siquiera dudar el aminorar la misma, sería aplaudir tales acciones'", analiza el abogado Taveras. "Los medios aducidos en el recurso, frente a tales motivaciones, resultaron insuficientes para derribar la sentencia de primer grado", agrega. Para declarar la culpabilidad, los jueces tomaron como elementos de prueba el video, un acta de denuncia y un certificado legal del Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), en el que asegura que la bebé no tenía lesiones físicas. También, el informe de una trabajadora social, en el que concluye que el objetivo de la imputada era hacerle daño al padre a través de su hija, pero que "la niña es vulnerable a esa situación y que posiblemente no resistía al juego de la madre". En una de las audiencias del caso, Brazoban declaró que le pedía perdón a Dios y a su familia. De acuerdo a lo transcrito en el expediente, dijo que entre la familia de su expareja y ella nunca hubo una buena relación. "El video no fue hecho por celo, sino porque la niña no tenía leche ni pampers. Yo le decir que mandar dinero, porque yo no podía trabajar (sic)". En sus deliberaciones, los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo consideran que, "pese a que el resultado final no fue la muerte de la menor de edad, no quedó claro si era o no la intención, por la forma en que se describe y verifica la prueba audiovisual", y que "para que el acto de tortura o barbarie quede configurado, no se precisa de la muerte de la víctima, ya que ese sería otro tipo de crimen". Vecinos la defienden El Ministerio Público, en la persona de la procuradora fiscal Raquel Guzmán de Novoa, sometió a Brazoban a la justicia en agosto de 2018, por violación de varios artículos del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes relativos al abuso físico o sicológico, así como el Código Penal, en lo referente a actos de tortura o barbarie y violencia contra la mujer, pero no como violencia intrafamiliar. En la acusación también consta una entrevista al padre de la bebé, quien denunció el hecho al Ministerio Público –querella que luego retiró– argumentando que así podía obtener la custodia de la niña quien estaba bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). En esa entrevista, el médico forense que la realizó indicó que el denunciante se mostraba evasivo y se reía de cosas serias ligadas al caso. Además, que aseguró que la imputada lo ha empujado y revisado sus medios de comunicación; lo celaba, intimidaba, ofendía y humillaba. Pero la comunidad en Guanuma, en Santo Domingo Norte –donde vivía Brazoban antes de ser recluida en la cárcel Najayo-Mujeres–, hace votos de apoyo de que esta tenía un estilo de vida pacífico y que criaba sin violencia a la bebé y a su hijo mayor. Su expareja también se puso a su favor y solicitó clemencia a los jueces para que la joven pueda seguir criando a sus niños, "y que le den una oportunidad con la niña dependiendo de su comportamiento". Brazoban y Benero Jean (35 años) son de ascendencia haitiana. Ella es indocumentada y él tiene cédula dominicana. Ante la imposibilidad de costear un abogado, la imputada es representada por la defensora pública Teodora Henríquez, quien ha argumentado que, para condenarla, no se tomó en consideración "que ambos son haitianos" y que se obvió verificar el aspecto cultural en el hecho. La abogada asegura que, para que se produzca acto de barbarie o acto de tortura, deben de converger por lo menos lesiones físicas o sicológicas. "Por lo que, en el caso en cuestión, no obró ningún tipo de certificado respecto de la niña que dieran al traste de que la niña lo haya sufrido, por lo que la interpretación que les han dado los juzgadores ha sido más allá de lo que la norma establece, pues se circunscribieron en el sentimiento maternal y por demás se alejaron de la norma". La defensa ha insistido en que se ordene su libertad o que se envíe su caso a una nueva valoración de las pruebas. Asimismo, ha solicitado que se varíe las calificaciones del acto de torturas y barbarie por lo que establece el artículo 396 de la Ley 136-13 sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, que establece las sanciones al abuso, para ajustar la pena conforme a la calificación jurídica correcta. El caso de Brazoban fue recurrido en casación. Tendrá que ser valorado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Es la última instancia del sistema judicial al que tanto ella como sus familiares, asistidos por la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el respaldo social de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueden recurrir y tratar de que se le imponga una pena menos gravosa. "No deja de ser preocupante la sanción que ha impuesto la ley, lo cual debe llamar a reflexión a los que abogan por sanciones drásticas que no jueguen al final el rol que se supone debe jugar la sanción penal en el seno de la sociedad", concluye el abogado Taveras. "En el caso que nos ocupa, todo dependerá del peso que eventualmente pueda tener el recurso de casación que se interponga". Las condenas de otros casos El caso de Brazoban contrasta con el de Víctor Alexander Portorreal (a) Chamán Chacra, condenado a 30 años de prisión por matar a su pareja y sus tres hijastros, a dos de las cuales violó antes de cometer el crimen. También, con la condena a 20 años de prisión de José Félix Almonte Brito (Arismendy), por asesinar de ocho puñaladas a Socorro Almonte de la Cruz, y la misma pena para Gabriel Villanueva, quien lanzó a su novia Andreea Celea del octavo piso de un hotel. Representantes de la comunidad de Guanuma y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entienden que el accionar de Brazoban no la exime de responsabilidad penal, pero que 30 años de prisión constituyen una "acción exagerada", tanto de los jueces que dictaron las sentencias como de los fiscales. Hipólito critica desempeño ministros Relaciones Exteriores y Turismo RDSANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía criticó el desempeño de los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez, y de Turismo, David Collado. Sobre Alvarez dijo que nunca lo ha visto ni le interesa verlo. "A mí no me gusta el Canciller ni estoy de acuerdo con él, pero el que nombra es Luis, a Luis es que hay que hacerle la protesta, y hagan comunicaciones, porque yo realmente creo que hay que tener un canciller político, un canciller de nosotros que le duela nuestra gente allá y aquí", expresó el exmandatario en una entrevista a través de la «Plataforma Latina 809″, que dirigen dominicanos en Europa. Indicó que cuando él fue presidente asumió su responsabilidad y el Canciller hacia lo que él mandaba "o se votaba». «El de ahora lo primero que dice es que él no es político. Bueno, habrá que pasarle su pagaré, son ustedes que deben pasarle su pagaré, no soy yo", indicó. Ante el descontento expresado por los dominicanos en el exterior porque los puestos consulares y las embajadas en Europa están ocupados por personas de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, Mejía dijo que «quien nombra al canciller es el presidente Luis Abinader, «a él es a quien hay que protestarle». Sobre Collado, opinó que "en el área se ha manejado bien, pero ni yo veo al ministro que era hijo mío, ni hablo por teléfono, que es la misma desgracia, pero pásenle el pagaré después, ellos tienen aspiraciones". Nómina de la Lotería: veinte modelos y treinta recepcionistas
Sede de la Lotería Nacional, en el Centro de los Héroes. El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo (Quico) Tabar, entiende que la entidad, afectada por un fraude, puede funcionar con el 30 % de su personal y dedicarse a la que –entiende– debe ser su labor, el sorteo de sus billetes. Ese 30 % implicaría bajar a 638 las 2,126 personas que están en nómina en la institución, según el reporte hasta mayo pasado. La Lotería Nacional cuenta con cinco modalidades de nómina que les cuestan a los contribuyentes RD$39,426,663 al mes, la más numerosa es la de empleados fijos, que cuenta con 1,375 personas y cuyo costo mensual es de RD$36,096,163. En la composición de dicha nómina figuran más de 100 empleados de mayordomía, además de otros 55 de servicios generales y otros 30 de la división de mantenimiento. En estas últimas dos dependencias, los puestos de trabajo se entrecruzan entre auxiliares, ebanistas, plomeros, carpinteros, ayudantes civiles, mientras en Mayordomía, en su gran mayoría son conserjes, que suman más de 70. Pero la Lotería Nacional que, de acuerdo con su organigrama, está compuesta por 12 direcciones y 30 departamentos, tiene unas 30 personas en el cargo de recepcionista, unas 20 son modelos, además de las varias secretarias y auxiliares. La entidad tiene su sede en el Distrito Nacional y, según se informó, cuenta con oficinas en Santiago y San Pedro de Macorís, aunque ésta última no estaría funcionando en la actualidad. En la agencia de Santiago, con 12 empleados, dispone de su propio conserje, secretaria, ayudante de mantenimiento y auxiliares. En las demás provincias dispone de representantes. La institución tiene una Dirección Comercial que cuenta con 403 empleados, otros 64 en la Dirección de Producción de Sorteos y 51 en el Departamento de Billetes y Quinielas. La Lotería, de acuerdo con los datos que publica en su página web, comercializó el 33.7 % de los 174,130 billetes emitidos en el trimestre enero marzo de este 2021, aunque ese porcentaje puede bajar a la mitad si se revisan los números de manera correcta. En su informe trimestral de producción y comercialización de productos de lotería, muestra que entre enero y marzo se realizaron los sorteos números 4198 y 4202, para los que se despacharon 111,324 y 62,806 hojas de billetes, respectivamente. En el primero, se devolvieron 92,889 hojas, lo que equivale a una diferencia vendida de 18,435, y del segundo la devolución fue de 52,039, equivalente a una venta de 10,767 hojas de billetes. La suma de los billetes vendidos arroja un total de 29,202, equivalente al 16.7 % de las hojas producidas y despachadas, diferente al 33. 7 % que indica la institución al sumar, de manera errada, los puntos porcentuales. El pago por los billetes premiados en ambos sorteos fue de 15,918,398 pesos. El informe no da detalles de la cantidad de ingresos por concepto de los boletos vendidos. Otras nóminas en la entidad Además de su nómina de empleados fijos, en la Lotería Nacional hay una nómina de personal contratado, que cuenta con una sola persona, en este caso el presentador de sorteos, con un monto de RD$118,000; existe otra nómina de Compensación por Servicios de Seguridad con 114 empleados y monto general de RD$2,088,000; una nómina de Programa Asistencial fijo con otros 156 beneficiarios y pago general de RD$251,125 y otra de Ayudantes Billeteros con 580 personas y pago mensual bruto de RD$873,375. Sociedad de Infectología no se opone a tercera dosis de vacuna, pero pone condiciones
La República Dominicana comenzó su Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 el 17 de febrero de este año. La Sociedad Dominicana de Infectología expresó este domingo que, aunque no fue consultada por las autoridades de salud del país, no se opone a que a la población se le aplique una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 como refuerzo. Dijo que asumía la postura debido a que las vacunas que se están aplicando en la actualidad han mostrado un balance positivo en cuanto a seguridad. La entidad dio su visto bueno a los planes del Gobierno, "siempre y cuando se haga con un seguimiento epidemiológico, se informe a la comunidad médica y al pueblo en general, los resultados de dichos estudios de seguimiento, idealmente, semana a semana". La vicepresidenta de la República y encargada del Gabinete de Salud, Raquel Peña, anunció el jueves de esta semana que se le podrá al pueblo una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus ante la circulación de variantes del virus y que la misma sería de otra marca a la aplicada en las dos dosis recibidas. También dijo que la tercera inoculación se haría un mes después de haber recibido la segunda porción del fármaco. En un documento de fecha 26 de este mes, la Sociedad Dominicana de Infectología destacó que estudios realizados han demostrado como la respuesta inmune tiende a declinar tanto a supervivientes de la enfermedad como en vacunados, "lo que plantea la posibilidad del refuerzo inmunológico". "La información sobre seguimiento a vacunados y las respuestas particulares a las variantes, han hecho evidente desde hace meses la posibilidad de necesitar dosis de refuerzo. La decisión de combinar las distintas plataformas de vacuna también se ha discutido en distintos escenarios", acotó. te puede interesar La entidad indicó también que es conocido que las variantes del COVID-19 tienen la capacidad de diseminarse globalmente y que un reporte reciente muestra "una reducción de respuesta serológica neutralizante de los anticuerpos inducidos por la vacuna inactivada ante la variante Beta". Añadió que es bien conocida la reducida respuesta de la vacuna basada en vector viral ante esta misma variante, por lo tanto un refuerzo cono una vacuna basada en ARNm puede ser una medida protectora de alto impacto ante una penetración de dicha variable, aunque "no tiene evidencia científica suficiente". La vacuna en RD Otras exigencias La Sociedad Dominicana de Infectología destacó también aunque consideran importante la colocación de la dosis de refuerzo, es más importante es aumentar la base de ciudadanos que hayan completado su segunda dosis de vacuna ya que, al día de hoy, menos de tres millones de dominicanos se han aplicado la segunda dosis. Agregó que hay antes de vacunar con la tercera inoculación, hay que asegurarse que la gran mayoría de la "población objetivo" haya completa su esquema de dos dosis de vacunas. El documento de la entidad está firmado por su presidente, la doctora Clevy Pérez, y la secretaria, Talia Flores. Edificio de Miami necesitaba reparaciones por $9 millonesRescatistas trabajan entre los escombros del condominio Champlain Towers South, el domingo 27 de junio de 2021, en Surfside, Florida. Los propietarios de los apartamentos en un edificio frente al mar que se desplomó en Florida estaban a unos días de empezar a pagar cuotas para realizar reparaciones por más de 9 millones de dólares, las cuales habían sido recomendadas hace casi tres años. Ese estimado de costos, efectuado por la compañía de ingeniería Morabito Consultants en 2018, significaba que los condóminos de Champlain Towers South enfrentaban pagos que iban de cerca de 80.000 dólares por un apartamento de una recámara a unos 330.000 por un penthouse, a cubrirse en plazos o en una sola exhibición. El primer plazo vencía el 1 de julio. Adalberto Aguero, cuyo departamento no se vino abajo, acababa de pedir un crédito para cubrir su cuota de 80.000 dólares. "Pensé que lo pagaría después de que arreglaran el edificio. No quería pagarlo antes porque uno nunca sabe", comentó Aguero, quien añadió que retiró el papeleo para realizar los pagos al día siguiente del derrumbe del jueves. "Dije: cancelen todo". Una lista desglosada que envió la administración del condominio en abril a los propietarios de los 136 apartamentos revelaba que gran parte de las labores planeadas se llevarían a cabo en la zona de la piscina y en la fachada. La pavimentación y la impermeabilización en la zona de la piscina y la entrada del edificio costarían 1,8 millones, y otro millón se destinaría a "reparaciones estructurales" y "trabajos en las jardineras", según el correo electrónico de la administración al que tuvo acceso The Associated Press. Una serie de "reparaciones misceláneas" incluía obras en el estacionamiento por un costo estimado de 280.000 dólares. El total de costos evaluados, incluyendo varios puntos que aparentemente tenían fines estéticos, suma 15 millones. Expertos en ingeniería y construcción aseguran que los documentos de Morabito que se centraban únicamente en la labor estructural especificaban claramente que era necesario realizar varias reparaciones de gran envergadura lo más pronto posible. Fuera de algunas reparaciones en los techos, dichas obras no habían comenzado, indicaron las autoridades. La estimación de costos que Morabito Consultants les envió por correo electrónico a los administradores de Surfisde fue uno de varios documentos dados a conocer mientras continúan las labores de rescate en la zona del derrumbe, donde más de 150 personas siguen desaparecidas. Al menos nueve personas murieron por el desplome, informaron las autoridades el domingo. Otro reporte de Morabito de 2018 presentado a la ciudad señaló que la impermeabilización en la terraza de la piscina se había hecho mal, en forma plana en lugar de inclinada, y ello impedía que el agua se drenara. "La impermeabilización fallida está provocando un gran daño estructural a la placa de concreto estructural ubicada debajo de esas áreas. No reemplazar la impemeabilización en el futuro cercano provocará que el nivel de deterioro en el concreto se expanda exponencialmente", advirtió. La compañía recomendó que se reemplazaran las losas dañadas, lo que significaba una reparación mayor. Eso dejó sorprendida a Susana Álvarez, quien vivía en el 10mo piso de la torre que se vino abajo. Ella señaló que, durante una reunión en 2018, un funcionario de Surfside les aseguró a los residentes que no había ningún riesgo. Se desconoce quién era ese funcionario. "La ciudad de Surfside nos dijo que el edificio no estaba en mal estado. Fue lo que dijeron", comentó Álvarez al programa Weekend Edition de la National Public Radio. "Nadie nos dijo nunca que el edificio estaba en tan mal estado". Una hija de Claudio Bonnefoy, un chileno que continúa desaparecido, dijo que parece que alguien ignoró indicios clave de que la estructura estaba en riesgo. "Esto me empieza a hacer enojar porque poco a poco se están dando a conocer reportes de hace varios años de peligros estructurales graves en el edificio", dijo la hija, Pascale Bonnefoy. "Parece que esto (lo que ocurrió) era predecible porque los técnicos alertaron (a otros de la situación) y nadie hizo nada". _____ Anderson reportó desde St. Petersburg, Florida, y Condon desde Nueva York. _____ Condon informó desde Nueva York. Freida Frisaro colaboró desde Fort Lauderdale, Florida.
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Aumenta apoyo al llamado de no consumir pan este martes y miércoles
El pan es uno de los principales productos del dominicanos. El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) se sumó este domingo al llamado de las Amas de Casa y de otras organizaciones de consumidores que proponen para los próximos dos días -29 y 30 de junio- a no consumir pan como respuesta al anuncio de la subida de precio del alimento, el cual tiene una tasa de consumo alta en el país. En una nota de prensa, Onpeco reconoció que el fenómeno externo es un factor determinante para el alza de precios e incremento de la inflación que ha llegado a dos dígitos en el último año, pero reconoce que la misma es mayor por la suma del factor especulativo que se registra en el país, donde un producto cambia de precios de un barrio a otro y de un pueblo a otro también. Esto indica que existe especulación en el costo de los alimentos que son parte de la canasta básica. La organización que defiende los derechos de los consumidores aplaudió la iniciativa de dejar de consumir pan, como una demostración del poder que tiene el consumidor cuando el mercado pretende abusar, como es el caso actual. Onpeco dijo entender que las alzas que han experimentado los alimentos es la más alta de los últimos 13 años, llegando a más del 13% desde del año 2008 hasta la fecha. "Oportunamente habrá que hacer otros días sin algunos alimentos, como el pollo, cuyo precio oscila entre 75 y 80 pesos la libra, dependiendo del sector donde se oferte", acotó. "Las crisis hay que afrontarlas, pero no a costa de los que menos tienen, por lo que entendemos que debe liberarse del pago de impuestos a las materias primas importadas para la producción de las proteínas básicas, de manera temporal, y, adecentar los salarios de los empleados públicos y privados", indico en el comunicado. Onpeco entiende que a la mesa del diálogo para buscarle una salida a la crisis inflacionaria, le hace falta actores que deben ser tomados en consideración y, sobre todo, definir una política pública correcta que garantice los derechos de los consumidores, la cual brilla por su ausencia en las instituciones que deben velar por su aplicación y cumplimiento. En la mesa que abrió la Presidencia esta semana, dejó en manos del ministro de Industria y Comercio la gestión de cara a la solución de la crisis de los precios, pero en el plan estratégico de esa entidad no figura ninguna línea de acción que contemple la protección a los consumidores, pese a ser el Ministerio que debe hacerlo, como ocurre en la mayoría de los países de la región, dijo. A Onpeco le preocupa la ausencia del sector oficial del que no se advierte ninguna postura de cara al respeto de los derechos fundamentales del consumidor, consagrados en el artículo 53 de la Constitución y tutelados en la Ley número 358-05 del 9 de septiembre del año 2005. OPINION – El mercado binacional: una medida improcedenteEl inadecuado e irresponsable manejo de la frontera dominico-haitiana ha agravado la situación sanitaria de ambas naciones, puesto que la reciente medida adoptada por el Gobierno para abrir cinco días a la semana los mercados binacionales, lejos de reforzar los mecanismos para prevenir el COVID-19, contribuirá a incrementarlo. Mientras que en otros países la situación generada por la pandemia se ha ido controlando y estabilizando, en el nuestro, por el contrario, sigue aumentando progresivamente el número de contagios. Las razones son numerosas, pero la ausencia de controles fronterizos constituye una de las principales causas de este injustificado incremento que preocupa a la inmensa mayoría de la población. Resulta inútil vacunar a un significativo número de dominicanos para alcanzar la denominada inmunidad de rebaño a la que se aspira para controlar los daños ocasionados por esta enfermedad, si no se ejerce un riguroso control sobre todos lo puntos de entrada y salida de extranjeros. No me refiero únicamente a la frontera con el vecino país, sino también a los puertos y aeropuertos por los que diariamente penetran personas y mercancías a nuestro territorio. Ahora bien, las particulares circunstancias de vecindad con Haití y la ausencia de vacunación de su población nos obligan a enfatizar en este aspecto por la obligada convivencia entre los habitantes de ambos países. En días pasados el Listín Diario publicó una información sobre la dramática situación de nacionales haitianos que en pocos días alcanzaron la cifra de 400 muertes ocasionadas por el COVID-19. La noticia señala que falleció el presidente de la Corte de Casación, René Sylvestre, y que el exmandatario Jean Bertrand Aristide también se habría contagiado de coronavirus de conformidad con fuentes oficiales citadas por medios haitianos. Esta situación de extrema gravedad motivó que las autoridades haitianas decretaran un estado de emergencia y toque de queda para controlar los contagios. Sin embargo, el mayor inconveniente es que el proceso de vacunación todavía no se ha iniciado en el vecino país y se ignora cuándo llegarán las primeras dosis que enviaría la Organización Mundial de la Salud (OMS). En vista de las precarias circunstancias sanitarias de la población haitiana, en la que aparentemente se han detectado ya las variantes brasileña y británica, las autoridades dominicanas debieron adoptar medidas restrictivas al comercio para proteger a su población. Si bien es verdad que la economía es fundamental para el bienestar general, no menos cierto es que la salud debe privilegiarse ante cualquier otra decisión de índole económica. El Gobierno dominicano se ha visto obligado a aumentar la deuda externa para enfrentar numerosas adversidades, entre las cuales se encuentra vacunar a toda su población. En Haití, como medio para atenuar la crisis, el sector farmacéutico privado sería autorizado a importar vacunas debido la imposibilidad de sus autoridades para proveérselas a sus habitantes. Se trata de una situación difícil para el pueblo dominicano que no puede asumir el costo económico que supone la vacunación de una población foránea. La solidaridad de la Comunidad Internacional debió hacer acto de presencia hace tiempo para ayudar a esa nación que ha sido declarada como un Estado fallido por sus inmensas limitaciones de diversa naturaleza. No podemos costear el proceso de vacunación de ese país, así como tampoco debemos padecer las consecuencias de su histórica desgracia cuyas causas son múltiples y diversas. La imprevisión y desdeño hacia la pandemia que se manifestó con su resistencia para adoptar medidas de prevención como el uso de mascarillas, distanciamiento social y otras medidas de higiene está arrojando un devastador resultado que podría arrastrarnos a una desdicha más severa que la padecida hasta ahora. Más grave todavía es la ignorancia de un vasto sector de su población que tiene el convencimiento de que es inmune a los efectos de una pandemia que no termina por convencerle de sus mortales consecuencias. La directora de la Organización Panamericana de la Salud dio la voz de alerta sobre el alto índice de infectados, razón por la cual ha indicado que no hay tiempo que perder. La ayuda no termina de llegar a ese desventurado país que ha sido abandonado a su suerte por una mal llamada Comunidad Internacional que nunca ha realizado un esfuerzo serio y sostenido para mitigar el hambre, desempleo y sus múltiples carencias. Ese abandono no tiene otro propósito que endosarle el problema a la República Dominicana. Como bien fue señalado en un trabajo difundido en las redes sociales recientemente, el pueblo haitiano está arrastrando al dominicano al mismísimo infierno al adicionarle una carga que no puede soportar ni tampoco tiene la obligación de asumir. Los responsables de esta desgracia son los Estados Unidos, Francia, Canadá y otras naciones que debieron asumir su responsabilidad histórica ante los infortunios de una nación que fue destruida por su ilimitada codicia. La voracidad y afán de lucro del capitalismo salvaje practicado tanto por los empresarios criollos como por las naciones desarrolladas terminará más temprano que tarde por destruir el orden prevaleciente. Lo más lamentable es que en el transcurso de este proceso se arruinarán extensas zonas del planeta producto de un egoísmo y una avaricia desenfrenados. Autoridades intervienen en impasse ganaderos y procesadores de lecheSANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), los ganaderos y los procesadores de leche presentarán una propuesta al gobierno sugiriendo incorporar a sus planes sociales el queso y la leche, tanto líquida como evaporada, para resolver el excedente de producción que registra el sector. Miguel Laureano, director ejecutivo de esa entidad, explicó que esa es una de las conclusiones a que se ha llegado en las reuniones que ha sostenido con representantes de los productores y de los procesadores analizando el conflicto surgido entre las partes a causa de la rebaja del precio que se paga a los ganaderos por el litro de leche. Recordó que en estos días ganaderos de la zona de Puerto Plata y la Línea Noroeste han protestado botando cientos de litros de leche a causa de decisiones unilaterales de productores de queso y grandes procesadoras de leche rebajando el precio del producto en unos casos o reduciendo incentivos en otros. Reconoció que estas rebajas en el precio de la leche que se compra en finca afecta la rentabilidad de los productores que además están encarando alzas en los costos de materia prima derivada del maíz, el trigo y la soya que han sufrido incrementos en el mercado internacional hasta de un 100% en comparación a mayo del año pasado. "Realmente nosotros no criticamos, tienen su derecho a protestar, en lo que nosotros no estamos de acuerdo bajo ningún concepto es con la forma, con derramar la leche, entendemos que es mejor donarla o hacer otra cosa para llamar la atención, pero sí en realidad a ellos les redujeron los precios, es algo cíclico que pasa todos los años cuando llega la primavera, bajan los precios", comentó Laureano en el programa Propuesta de la Noche, que se transmite por por Digital 15. Informó que se han sostenido reuniones con la dirigencia de la Asociación Nacional de Productores de Queso, del Patronato Nacional de Ganaderos y de Aproleche tratando de buscar una solución salomónica al problema. Adelantó que en la última reunión la Asociación Nacional de Productores de Queso se comprometió a elaborar un documento para retomar el Acuerdo Lácteo y ver en qué medida el gobierno puede incorporar a sus planes sociales la distribución entre familias de escasos recursos de queso y leche, tanto en su forma líquida como evaporada. Dijo que se conversará también con las grandes empresas procesadoras de leche "a ver si logramos que los precios vuelvan a la normalidad porque en estos momentos de pandemia no es saludable para el país estar en medio de estas situaciones". "Por eso la próxima semana tendremos una nueva reunión con la Asociación de Productores de Queso para elaborar la propuesta que se le presentará al Presidente Luis Abinader y al Ministro de Agricultura, Limbert Cruz, para ver como nosotros podemos trabajar esa parte para solucionar ese excedente de inventario que tienen ellos y distribuirlo en los diferentes planes sociales del Estado que tienen un alto consumo de alimentos", recalcó. Agregó que "de igual forma, vamos a sostener una reunión con las grandes plantas procesadoras para el tema de los precios, esas plantas han hecho rebajas sustanciales que han provocado una chispa entre los pequeños y medianos productores para tratar de ver cómo eso lo volvemos a la normalidad y cada uno hace su aporte". Mesa de trabajoSubsidios o fijar impuestos: las alternativas que se barajan para bajar los alimentosLos subsidios, dice Isa Contreras, se pueden tomando en consideración dos detalle: "Uno, que compromete recursos de otros gastos necesarios como la inversión pública o programas del Gobierno. Y dos, sabiendo que no puede prolongarse mucho tiempo, de tal manera que el sacrificio fiscal no sea excesivo".SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Más subsidios, fijar los impuestos o programas sociales. Los sectores agrupados en la mesa de trabajo por la crisis internacional de precios tienen este fin de semana una apretada agenda, para definir las alternativas y propuestas que formalizarán de cara al Gobierno, que tendrá la decisión final. De las seis mesas de trabajo que fueron conformadas para diseñar las propuestas con miras a enfrentar el alza de los alimentos, dos de ellas confirmaron reuniones este fin de semana para entregar el documento con sus iniciativas este lunes 28 de junio, al ministro de Industria y Comercio, Víctor (Ito) Bisonó, quien coordina estos trabajos. "Lo que sí te puedo asegurar es que no tenemos fin de semana", adelantó Luis Miura, quien como presidente de la Confederación Dominicana de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Codopyme) preside la mesa de comercio y mipymes. Las propuestasEntre la alternativa que estudia presentar Codopyme está crear una especie de programa FASE o ayuda económica, para los quintiles 1 y 2, que son los que agrupan a las familias de menor ingresos económicos, y que Miura recuerda que son quienes realmente más lo necesitan. Pero un inconvenientes que tiene esta propuesta, es que no existen mecanismos certeros para focalizar estas ayudas hacia ese sector de la población, adelanta el viceministro de Economía, Pavel Isa Contreras. "Los quintiles te miden los ingresos (de las familias) pero no tienes una base de datos sobre esos quintiles", aclara. "El principio que se debe seguir y no siempre se puede, es proteger los ingresos y la capacidad de compra de los más pobres, solamente. Protegerlos de los aumentos de precios, de productos particulares", explica el economista. Y agrega que sin esos instrumento específicos para focalizar la ayuda, los Gobiernos tienen que decidirse por medidas más costosos, que es lo que ha pasado con el subsidio a los combustibles, para lo que se ha destinado más de RD$3,000 millones en este año. Con ese subsidio, se beneficia tanto el que paga pasajes para llegar a su trabajo, como el que anda en un Mercedes-Benz del año. Los subsidios, dice Isa Contreras, se pueden aplicar como ha ocurrido con la harina y el combustible, tomando en consideración dos detalle: "Uno, que compromete recursos de otros gastos necesarios como la inversión pública o programas del Gobierno. Y dos, sabiendo que no puede prolongarse mucho tiempo, de tal manera que el sacrificio fiscal no sea excesivo". Recuerda que los subsidios se pueden implementar, tratando de que sean lo más focalizado posible y temporal. "Es un mecanismo absolutamente legítimo y a veces imprescindible", el problema, insiste, es la falta de instrumento para focalizar el subsidio. Otra de las medias que se adelantaron y que tuvo el visto bueno del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, fue fijar el cobro de arancel e ITBIS a los niveles de prepandemia. Esto en el entendido de que los organismos recaudadores han superado en el 2021 los ingresos pronosticados, porque lo que captan de las importaciones depende del costo de la mercancía y del transporte, cuyo aumento en el mercado internacional es la razón del alza de los precios en el país. Se trata de un "sacrificio fiscal", que el viceministro adelanta se debería estudiar, no para aplicarlo en términos generales, sino en un plano específico, "mercancía por mercancía, donde las alzas son agudas y pueden tener efectos". En todo caso, las mesas de trabajo se conformaron para identificar cuáles podrían ser las alternativas que mejor le acomoden a su sector, y que puedan impactar en el precio final de los alimentos. Una vez reunida las propuestas, el Gobierno tiene la palabra final. La gran mesa de trabajo está compuesta por seis secciones: la mesa que representa al sector empresarial, una mesa de comercio y Mipymes, una mesa de construcción, la mesa de grandes superficies, una mesa industrial y la mesa social y laboral. Servio Tulio Castaños Guzmán, quien como vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) precise la sección laboral y social, confirmó que estima que las reuniones de trabajo del fin de semana puedan garantizar la entrega de la propuesta este lunes EL PAÍS | |||
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